10/11/2020
Foto: La Nación.
Hace una década, Paraguay contaba con un parque de 700.000 automotores, cifra que superó las 1.500.000 unidades a octubre del 2020, según la Dirección Nacional del Registro del Automotor (DNRA). La flota de vehículos livianos y pesados se duplicó, principalmente, debido al indiscriminado ingreso de autos usados, multiplicándose también sus consecuencias en la población.
Según la Dirección Nacional de Aduanas, desde 2012 hasta el 2019 ingresaron al país 486.000 autos usados, conforme a la Ley 4333/2011. De este total, 375.000 vehículos usados tenían de más de 10 años de antigüedad, lo cual significa que 8 de cada 10 usados están en la franja de la obsolescencia o fueron parte de la basura de los países desarrollados, y son introducidos al país mediante recursos de inconstitucionalidad interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia.
Así también, alarmantes datos son presentados en investigaciones de la Dirección de Cambio Climático del Ministerio del Ambiente[i]: el último inventario de gases de efecto invernadero, del 2018, registra un aumento de 300% en las emisiones del sector Energía y Transporte, de 4% a 12%. Más del 88% de estos gases son producto del incremento del parque automotor y su antigüedad.
Cada año crece más la importación de usados que superan 10 años. En el 2012 representaban casi el 50% del total de los usados que ingresaron al país, en 2013 el 63%, en el 2014 el 74%, en el 2015 el 77%, en el 2016 el 81,5%, en el 2017 el 83,8% y 88,5% en el año 2018. El año pasado su participación sobrepasó el 90%, con casi 49.500 unidades. Así, el promedio de nuestro parque automotor supera los 18 años, uno de los más antiguos de la región.
La mayoría de estos vehículos despiden gases altamente contaminantes, conocidos como “humo negro”. Y cuanto más antiguos sean, mayor es el nivel de emisiones dañinas. El material particulado, generado por la deficiente combustión de motores obsoletos, es determinante para la aparición del cáncer según la Organización Mundial de la Salud, que los incluyó en el Grupo 1 de carcinógenos.
Esta realidad también es compartida por algunos países africanos. Es así que, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), mediante un informe[ii] alertaba a todo el mundo y en especial a los gobiernos de países en vías de desarrollo, que la polución por emisiones de vehículos usados “contribuye significativamente a la contaminación del aire y dificulta los esfuerzos para mitigar el cambio climático”.
Entre 2015 y 2018, 14 millones de usados fueron exportados desde EE.UU., Japón y Europa a países en vías de desarrollo, lo que significa que 14 millones de unidades que fueron desechados como basura, ingresaron como viables a países con legislaciones “débiles”. Además, la calidad de estos vehículos es cuestionable: son antiguos, frecuentemente de 15 años o más; componentes clave para contribuir con el cuidado del ambiente y la seguridad vial ya se degradaron o descompusieron (filtros de escape, bolsas de aire, porque no se instalaron, fallaron o fueron quitados); y la gran mayoría no son considerados aptos para circular en sus países de origen.
La investigación destaca como principales preocupaciones [iii]el mayor consumo de energía, el consecuente alto costo de funcionamiento de estos vehículos, que a la vez repercute en una gran cantidad de emisiones contaminantes, colaborando así con el cambio climático.
Asimismo, las muertes por accidentes de tránsito son parte de nuestra realidad y se mantienen en auge, debido a que la calidad de los autos usados influye en los siniestros viales.
Por su insuficiente calidad o debido a que en su momento no contaban con los sistemas de seguridad que fueron adoptados con posterioridad, también provocan más accidentes, según la investigación. Por ejemplo, en Malawi, Nigeria, Zimbabwe y Burundi, países con regulaciones “muy débiles” o “débiles”, existen “muy altas” tasas de mortalidad por siniestros viales. En cambio, los que lograron normas más estrictas, tienen parques automotores más seguros y con menos siniestros.
Un país con legislación “muy débil”
“Este informe certifica lo denunciado desde hace más de una década mediante estudios de calidad del aire impulsados por PNUMA y el Centro Mario Molina de Chile” expresó alergólogo Dr. Juan Carlos Sisul, resaltando que este problema “no es nuevo”. Señaló la permisividad y debilidad de la Corte Suprema, de autoridades y políticos, como causantes de arriesgar la salud de la población.
“Se reduce la calidad de vida en los adultos, se acorta el tiempo de vida de los chicos que viven en zonas de alta polución. Cuando lleguen a la adultez y si no mueren tempranamente pueden tener infartos, hemorragias cerebrales, cáncer de hígado o problemas renales, lo cual perjudica y merma la fuerza productiva, produciendo cada vez más enfermos, lisiados de vías respiratorias” dijo Sisul.
Se detallan entre los efectos que la contaminación del aire genera: el impacto en adultos y niños, consistente en el envejecimiento prematuro de los pulmones; partos prematuros o pérdidas de embarazos; elevadas inversiones en salud pública y el consiguiente mayor gasto del presupuesto general, incluyendo que la polución amplía las posibilidades de contraer Covid-19 y sufrir cuadros respiratorios crónicos o agudos.
Si bien mejoró la calidad del diésel tras los estudios de emisiones, aún no se cumplen los parámetros establecidos por la legislación vigente. Las soluciones deberían ser impulsadas desde el Congreso Nacional, involucrando a todas las partes competentes, para adecuar el uso de vehículos y establecer reglas urgentemente, ya que mientras no se adopten regulaciones de manera rígida, seguirán ingresando vehículos de cualquier tipo y la calidad del aire va a seguir alterándose, explicó el Dr. Jaime Guggiari, Expresidente de la Sociedad Paraguaya de Alergia, Asma e Inmunología.
La Constitución establece que el Estado debe garantizar la calidad de vida de la población y precautelar la protección ambiental, para habitar un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado. Por ende, las autoridades deben hacer realidad un servicio de transporte público eficiente, de cero emisiones, que promueva la descongestión de los accesos a las ciudades; incentivos a la compra de vehículos eléctricos e híbridos nuevos, incluyendo estrictas normas que precautelen el bienestar de la ciudadanía, en vez del lucro de quienes apuestan con nuestras vidas.
[i] Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI) del Paraguay. DNCC, MADES.
[ii] 26 de octubre, 2020. Informe sobre el comercio mundial de vehículos usados. PNUMA.
[iii] 5 de octubre, 2020. Principales conclusiones, Informe “Vehículos usados y el medio ambiente. Panorama Mundial de los Vehículos Ligeros Usados”. PNUMA.