20/07/2017
La historia se repite. En agosto del año 2014, la Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias (CADAM) había denunciado públicamente la comercialización de automotores robados provenientes de Europa y de países vecinos. Quienes comercializaron esos vehículos obtuvieron dolosamente los certificados de nacionalización y su posterior matriculación. Las investigaciones en esa oportunidad han tenido resultados prácticamente nulos.
En la actualidad y conforme a lo publicado el 14 de julio, en medios locales, las autoridades competentes nuevamente están obviando los requisitos para el ingreso de ciertos vehículos a nuestro país.
Es evidente que hay actores claves que participan en estas operaciones delictivas. Nos permitimos exigir que los responsables de estas acciones sean debidamente juzgados y penados conforme a lo establecido por las leyes.
La nacionalización de vehículos utilizando documentación ilegitima provoca costos económicos y morales muy altos, brindando una pésima imagen del Paraguay.
Es precisamente el momento en que el Poder Ejecutivo se aboca en dar a conocer lo mejor de nuestro país a la comunidad internacional.
Es de esperar que las autoridades nacionales ejerzan el máximo control sobre las diferentes etapas de este proceso delictual.
El delito revelado salpica a esferas que cubren la transferencia de divisas, la nacionalización y comercialización de rodados, entre otros.
La Dirección del Registro de Automotores, dependiente de la Corte Suprema de Justicia, es institución estratégica para el país y las infracciones descubiertas dentro de la misma, afectan sobremanera la credibilidad del Paraguay.